• La demanda es para tratar de derogar la ordenanza contra los abusadores sexuales

MIAMI 24 DE OCTUBRE DE 2014, nhr.com—Con una demanda impuesta al Condado Miami Dade en la corte federal, la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU) busca rechazar la estricta ordenanza que ordena donde pueden vivir los delincuentes sexuales convictos en el Condado Miami Dade.

“Varios de estos sujetos se vieron obligados a vivir bajo los puentes”, nos dijo un funcionario de la Unión pro derechos civiles, sin embargo después de muchas protestas estos individuos fueron sacados de sus viviendas improvisadas debajo de los puentes y trasladados a otros lugares, solo que ahora de nuevo estos delincuentes sexuales se han valido de casas de campanas y las colocan donde le venga en ganas, sobre todo a los largo de las vías ferroviarias.

La ACLU esta pidiéndole al tribunal un interdicto permanente en contra de la ley u ordenanza.

La raíz del problema es la misma ley contra los abusadores seuales de Miami y que ha aumentado cada vez que un caso de abusos a menores se da a conocer, como ocurrió con el sonado caso del asesinado de la niña de 9 años Jessica Lundsford ocurrido el pasado años 2005 realizado por un delincuente sexual convicto en la ciudad floridana de Homosassa.

Fue Miami Beach la primera municipalidad que aprobó una ordenanza prohibiendo a los agresores sexuales vivir a 2,500 metros de una escuela o parque.

Mas tarde y temiendo a una afluencia de agresores sexuales, Miami Dade  aprobó una ley similar. Pero en el 2007, agresores sexuales que eran dejado en libertad después de haber cumplido sus sentencias, se encontraron con que no tenían lugar donde vivir en el condado Miami Dade.

Muchos de ellos fueron a vivir debajo de los expressway en la zona de Biscayne Boulevard y la 16 calle, en un tramo del Rickenbacke Causeway y después fueron dejados permanecer debajo del puente Julia Tuttle, en la actualidad muchos de ellos viven en casas de campañas en los limites con Hialeah.

De acuerdo con los defensores de los agresores sexuales, “esas leyes  tuvieron el efecto contrario”, ya que los agresores no logran tener un lugar donde rehabilitarse en la sociedad, y aparentemente eso es exactamente lo que sostiene la Unión de Libertades Civiles en su demanda.

De acuerdo con la ACLU, las condiciones miserables en que se encuentran estas personas, hacen extremadamente difícil para ellos encontrar y mantener un empleo estable y estado psicológico que en realidad son los únicos factores probados para reducir la probabilidad de cometer los mismos delitos.

Los están de acuerdo con la ley de mantener aislados a los agresores sexuales alegan que la demanda de la ACLU carece de merito alguno.

El comisionado de Miami Dade, José Pepe Díaz, quien fue el autor de la ordenanza declaró que, “no entiendo esta demanda, la ley es para proteger a nuestros hijos, nuestros nietos  y mujeres de estos criminales”, dijo