MIAMI 9 DE JUNIO 2025, NHR.COM—La congresista estadounidense María Elvira Salazar expresó en las últimas horas su desaprobación por la gestión de los casos judiciales de inmigración y los solicitantes de asilo por parte de la administración Trump.
“Estoy plenamente consciente, y conmovida, de la incertidumbre que se cierne sobre el Distrito 27 de Florida debido a las recientes medidas migratorias de la administración. Arrestos en tribunales de inmigración, incluyendo a personas con I-220A y casos de asilo pendientes, y la cancelación del programa CHNV, que ha dejado a miles de personas expuestas a la deportación”, declaró Salazar.
Mas adelante la congresista de Miami señaló, “Mantengo mi postura clara: cualquier persona con un caso de asilo pendiente, una solicitud de ajuste de estatus o una solicitud similar merece seguir el proceso legal”.
La congresista Salazar coincidió en que “la administración debe expulsar a todos los delincuentes que se encuentran aquí ilegalmente” y que “debemos centrarnos en ellos”. Salazar concluye su declaración detallando una reunión con el Secretario de Seguridad Nacional que tendrá lugar la próxima semana.
Me reuniré con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, junto con mis colegas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, para explicar personalmente la grave situación que se vive en el sur de Florida.
El 30 de mayo de 2025, la Corte Suprema autorizó la solicitud de la administración Trump de revocar la libertad condicional migratoria para más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y ordenarles que salieran del país.
En respuesta, varios grupos de defensa de la inmigración y migrantes presentaron una demanda, argumentando que la ley federal no autorizaba a la secretaria del DHS, Kristi Noem, a eliminar categóricamente las protecciones humanitarias, sino a hacerlo caso por caso.
Un tribunal federal de distrito estuvo de acuerdo. Karen Tumlin, abogada adjunta de los inmigrantes, dijo que contuvo las lágrimas al describir las consecuencias de lo que, según ella, fue la mayor deportación masiva en la historia del país.
“La administración Trump incumplió esa promesa de forma unilateral y prematura, ordenando la cancelación de su estatus legal y revocando sus permisos de trabajo”, declaró en una entrevista con la Radio Pública.
A pesar del acuerdo del tribunal federal, la decisión de la Corte Suprema significa que la administración Trump puede seguir adelante con su cambio de política, incluso mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
